Si hace no mucho hablábamos en este mismo foro sobre la meritocracia en el mercado laboral, el máster interruptus de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a poner el foco en la importancia del esfuerzo a la hora de lograr, en este caso, unos estudios superiores. Situación que en España conoce el 40,8% de la población (en esto, como en la tasa de paro, la Vieja Iberia sí está por encima de la media de la Unión Europea).
Todos los que pasamos por la escuela pública siempre contemplamos con pasmo cómo cualquier estudiante que no desee (o cuya capacidad intelectual no le sea suficiente para) pasar la criba de la Selectividad tiene la opción de recurrir a la universidad privada y conseguir un certificado que le permitirá competir por un empleo de igual a igual. Una alternativa que, en el curso 2015/2016, eligieron un 13,6% de los alumnos de grado.
El "prestigio" de la enseñanza pública parecía bastar para acoger a los centros privados en el sistema. "Vale, ellos no tienen que preparar Selectividad y van a titularse como tú, pero la estatal tiene más nombre que la privada", repetían los antiguos compañeros de instituto sobre algún afortunado que dio el salto a la carrera sin examen previo. Es decir: aunque el dinero podía equipararse al esfuerzo requerido por la Prueba de Acceso a la Universidad, el bien siempre estaría del lado de la pública, por su reputación labrada a base de décadas de historia.
El caso de Cristina Cifuentes contiene un agravante: hace saltar por los aires la premisa anterior. En su estrambótica peripecia, ha sido una universidad pública la que se ha encargado de falsificar las notas para beneficiar con un título a una persona de reconocida influencia. Aquí ya no sólo se trata de un problema de desigualdad social (cuando el dinero y la red de influencias pasan por encima de cualquier principio ético y legal), sino que, además, mancha el nombre de una institución que, supuestamente, contaba con su prestigio como mejor arma para contrarrestar la violación de la meritocracia provocada por la universidad de pago.
Los que pensaban que los centros privados expedían los títulos a sus alumnos a cambio de un buen fajo de billetes, ahora también manejan argumentos para sostener que en la enseñanza pública ocurre lo mismo. La falta de confianza en las instituciones democráticas (poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) llega ya hasta el mismo epicentro de toda sociedad que se precie: su sistema educativo.
Y, como en toda cuestión sospechosa de corruptela donde un español se vea implicado, el negacionismo, junto al laissez faire, laissez passer tan liberal, es la estrategia a seguir por los responsables de este descrédito. El ejemplo alemán traído por algunos a la hora de hablar de flexibilidad laboral o de reducir la tasa de sustitución de las pensiones no se utiliza, en cambio, para tomar el camino de la dimisión por falseamiento de currículum.
