El egoísmo es uno de los compañeros de viaje más fieles del hombre durante toda su vida. Le empuja a anteponer su interés por delante de todo, a pensar que su esfuerzo siempre es el mayor, que su opinión es la más acertada o que su hijo es el más inteligente. El problema no pasaría de una simple actitud infantil si no le llevara a despreciar al de enfrente con unas maneras tan burdas que insultan a la inteligencia.
El caso de los titiriteros es un buen ejemplo de ese "mirarse el ombligo" tan fieramente humano. La detención de dos miembros de una compañía de marionetas por supuesta apología del terrorismo ha sido defendida desde un sector muy definido de la sociedad por "faltar al respeto a las víctimas y a sus familiares". Bien.
Lo que chirría es que muchos de esos que se llevan las manos a la cabeza desprecian de forma sistemática a otras víctimas: las que fueron ejecutadas por el Gobierno español a partir de 1939. Esto es, en el período inmediatamente posterior a la guerra, ya sin trincheras de por medio, en el que miles de personas fueron asesinadas hasta una década después del final del conflicto.
De entre todas las excusas que emplean estos tipos para despreciar a esos damnificados, la de reabrir las heridas es la más recurrente. Como si dar digna sepultura a un ciudadano que murió por un tiro en la espalda pudiera provocar un levantamiento popular. ¿Acaso tiene la dignidad humana fecha de caducidad? Igual que los derechos de autor, ¿pierde vigencia el respeto a los muertos una vez pasado cierto tiempo? Entonces, ¿el menosprecio a las víctimas de ETA podrá ejercerse impunemente a partir de, pongamos, el año 2085?
Casualmente, estas personas suelen ser las mismas que se indignan cuando un ayuntamiento pretende cambiar el nombre de las calles con connotaciones franquistas. No estaría de más recordar a estos defensores del imperio de la Ley, capaces de sostener la aplicación de un régimen FIES a dos comediantes por apología del terrorismo, que la Ley 52/2007, en su artículo 15, dice lo siguiente: "Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".
En este país, donde a la justicia se le llama revancha, a la memoria se la equipara con la ira y al recuerdo con el odio, mientras siga existiendo una categorización de los muertos, nunca despertaremos de nuestras pesadillas. No cuesta tanto: basta una lápida y un poco de respeto.
